El Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados valoró positivamente la disposición manifestada por la Cámara de Diputados de abrir un espacio de revisión al nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia, al considerar que esta decisión constituye una muestra de madurez democrática, responsabilidad institucional y compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho.
El organismo consideró acertada la disposición de la Cámara de Diputados de evaluar modificaciones a la nueva legislación, sin descartar una prórroga para introducir mejoras técnicas.
Santo Domingo. El Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) valoró como positiva la decisión de la Cámara de Diputados de abrir un proceso de revisión del nuevo Código Penal, al considerar que permitirá corregir disposiciones que han generado preocupación en distintos sectores de la sociedad.
Mediante un pronunciamiento, el organismo expresó que la disposición del Congreso representa una oportunidad para fortalecer la legislación y garantizar que su aplicación responda plenamente a los principios constitucionales, los derechos fundamentales y las necesidades actuales del sistema de justicia dominicano.
Los expresidentes del gremio sostuvieron que el Código Penal constituye una herramienta indispensable para enfrentar la criminalidad y modernizar el ordenamiento jurídico, pero señalaron que algunos artículos requieren una revisión técnica para evitar conflictos de interpretación y posibles controversias constitucionales.
El Consejo Nacional de Expresidentes reiteró su disposición de colaborar con el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mediante propuestas técnicas orientadas a perfeccionar el texto legal, con el propósito de que el país cuente con un Código Penal moderno, funcional y respetuoso de las garantías constitucionales.
En las últimas semanas, el debate sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Penal ha cobrado fuerza luego de que legisladores, juristas y organizaciones plantearan la necesidad de revisar algunos artículos relacionados con la libertad de expresión, el régimen de sanciones y otras disposiciones que consideran susceptibles de ajustes.
