SANTO DOMINGO, RD. – El Secretario General del Sindicato de Choferes Propietarios de Autobuses de la Provincia Altagracia (SICHOPROLA), Leonte Torres Jiménez, se presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República para depositar un informe de carácter urgente dirigido a la magistrada Yenny Berenice Reynoso, con copia a la Embajada de los Estados Unidos, denunciando la existencia de una red delictiva que opera en el sector transporte de la región Este.
Torres Jiménez advirtió sobre un "eminente derramamiento de sangre" en la región, provocado por la supuesta protección y el silencio estatal hacia una banda que, según sus declaraciones, es dirigida por el asesor de transporte del Poder Ejecutivo, Guido Cabrera Martínez, en complicidad con figuras como Yuni Castro Montilla, Radhamés Guerrero Cabrera, entre otros integrantes de la asociación APTPRA.
"No cederemos, aunque nos cueste la vida. Si pierdo la vida en esta lucha, pido a mis seguidores y al pueblo dominicano que no dejen mi muerte impune, porque el crimen organizado no puede seguir operando bajo la sombra del poder," declaró enfáticamente Torres Jiménez frente a la sede de la Procuraduría.
Puntos clave de la denuncia:
Intimidación Judicial: El dirigente sindical denunció presiones de altos funcionarios para que desista de la acusación penal que se conocerá el próximo 9 de abril de 2026 en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís.
Usurpación de Bienes: Se reclama el despojo de los bienes pertenecientes a 173 familias de SICHOPROLA, presuntamente usurpados por la asociación APTPRA.
Fraude con Combustible Subsidiado: Torres Jiménez reiteró la solicitud de cancelación de las asignaciones de gasoil y otros derivados del petróleo que el Estado otorga a SICHOPROLA, alegando que estos recursos están siendo utilizados fraudulentamente por APTPRA.
Exigencia de Justicia: El sindicato solicita que no se entreguen subsidios a ninguna de las dos entidades hasta que los tribunales dicten una sentencia definitiva sobre la rendición de cuentas y la querella penal depositada originalmente desde el año 2013.
El vocero de SICHOPROLA responsabilizó directamente a los encargados de justicia y al Estado dominicano de cualquier atentado contra su integridad física, señalando que la impunidad ha permitido que este "entramado delincuencial" se infiltre en diversas instituciones sociales y empresariales de Higüey y toda la zona turística del Este.
