POR AMÓS NÚÑEZ
Treinta y siete familias de Cabo Engaño denuncian presunto despojo de 1,140 tareas y solicitan intervención del presidente Luis Abinader
Verón -Punta Cana , provincia La Altagracia. — Representantes de 37 familias de la comunidad de Cabo Engaño denunciaron públicamente haber sido desalojadas y despojadas de una extensión de 1,140 tareas de tierra de las cuales afirman poseer títulos y documentación legal.
Los afectados exigieron el pago justo de sus propiedades o la restitución inmediata de los terrenos.
Durante declaraciones ofrecidas a la prensa en las inmediaciones de la zona, Lourdes Margarita Carpio, vocera de los reclamantes, señaló directamente al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón, como responsable de ejecutar el desalojo y gestionar el traspaso de las parcelas a terceros.
Asimismo, indicó que en los registros societarios y adjudicaciones vinculadas a los terrenos (identificados en sus pancartas como la Parcela núm. 65-B del Distrito Catastral núm. 11/2, municipio de Higüey) figuran empresas relacionadas con familiares del jefe de Estado y la sociedad denominada Turín.
Según el relato de la portavoz, el conflicto se remonta a la adquisición previa de una porción de 63 tareas colindante con una propiedad de 30 tareas donde operaba el antiguo hotel Sol de Plata, tras lo cual —aseguran— los linderos fueron extendidos de manera irregular hasta abarcar las 1,140 tareas pertenecientes a las 37 familias.
Carpio explicó que en el año 2018 sostuvieron un encuentro con el hoy presidente Luis Abinader y el actual alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, en el que se les pidió evitar protestas públicas con la promesa de resolver la situación tras el proceso electoral.
No obstante, denunció que en 2022 las tierras fueron adjudicadas a otra razón social y que, pese a múltiples reuniones sostenidas en el despacho del ministro Sanz Lovatón, no se ha concretado ningún desembolso ni acuerdo definitivo.
Los manifestantes aseguraron contar con informes técnico-jurídicos, certificaciones de títulos y estudios de mensura que respaldan su derecho de propiedad, al tiempo que cuestionaron la validez de un supuesto acto de venta presentado por la contraparte, alegando irregularidades documentales y que el presunto vendedor falleció en 2019.
Ante la falta de solución, Lourdes Margarita Carpio hizo un llamado formal al presidente de la República para que designe una comisión especial de alto nivel que revise los documentos originales en poder de las familias y garantice una respuesta definitiva al reclamo.
