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La Inconstitucionalidad por Omisión y la Sentencia Paradigmática TC 0113/21

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Abogado Carlos Mesa

Por Carlos Manuel Mesa

Mi compañero de maestría José Manuel Jeréz una persona con vastos conocimientos en materia de derecho constitucional y derecho administrativo, continúa con su confusión intelectual al igual que el abogado constitucionalista, catedrático y doctrinario, Dr. Namphi Rodríguez, en cuanto a la omisión absoluta, pues solo conocían de la omisión relativa y el caso de la Corte Constitucional Colombiana, tal y como me lo confesara el mismo Namphi en un conversatorio de sostuvimos durante un evento académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Jeréz en las aulas de la Universidad Primada de América, en un momento de diálogo intelectual.

Entiendo es ahí en donde radica el hecho de que hasta el día de hoy muestran cierta resistencia para terminar de reconocer lo que ha ocurrido en torno a la Sentencia TC 0113/2021 en donde el TC ha emitido una jurisprudencia paradigmática al acoger una acción directa de Inconstitucionalidad por Omisión Absoluta, aplicando por primera vez control concentrado de constitucionalidad contra la inercia y el incumplimiento de mandatos constitucionales permanentes y concretos por parte del legislador, que vacían el contenido de la norma constitucional, tal y como ha sido definida por la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparada como el caso de Costa Rica; la inconstitucional por omisión también es definida Como el incumplimiento de mandatos concretos o implícitos ordenados por la norma constitucional a los poderes públicos con potestad normativa.

Esto lo digo por el hecho de leer sus publicaciones, por ejemplo en la publicación del 09/01/2021, en su artículo de opinión del acento, “El TC y el control de las omisiones inconstitucionales”, en el primer párrafo Namphi Rodríguez expresa: “Es obvio que si el procedimiento es el de la acción directa, se trata de una omisión relativa, es decir, aquella en que el legislador aprueba la ley como acto formal, pero “ignora” derechos que hacen incompleta o insuficiente la norma”, queriendo establecer que solo la omisión relativa es la que podría ser atacada por la vía directa, algo argumentativamente erróneo.

Por su parte José Manuel Jerez, en el mismo periódico digital, en esta ocasión del día de hoy 06/05/2021, en su artículo “Sentencias de la Corte Constitucional italiana e inconstitucionalidad por omisión absoluta”. ¿Qué tipo de sentencia es ésta, que ORDENA a uno de los Poderes Públicos (el de mayor representatividad democrática), cumplir con sus obligaciones? El solo hecho de leer el subtítulo se nota la intención del articulista en cuestionar no solo la Sentencia emitida, sino el propio órgano constitucional, es lamentable como un jurista con la capacidad de Jerez haya dejado al descubierto tanta falta de objetividad al cuestionar esta sentencia, pero además manifiesta una contradicción en su artículo al expresar “al tenor de los artículos ya mencionados, tanto el constituyente como el legislador ordinario, solo previeron expresamente, la inconstitucionalidad por omisión relativa”, queriendo entrever que el TC solo tiene capacidad para aplicar control concentrado contra las omisiones relativas, algo totalmente errado, y es en esa parte donde ambos colegas dejan al descubierto su poco conocimiento en cuanto a la omisión absoluta, es por ello su resistencia e inercia al aceptar lo que ha acontecido en torno a la Sentencia TC 0113/21, que para mí es una de las Sentencias más paradigmática y trascendentales que ha emitido esta alta corte.

Tal y como lo advertí en el año 2019, muchos decían que se trataba de una teoría incierta, una quimera, un sueño mío, que el TC nunca se atrevería a aplicar este tipo de control contra un órgano constitucional tan poderoso como el Poder Legislativo, pero el tiempo me ha dado la razón distinguidos colegas Namphi Rodríguez y José Manuel Jeréz, estamos viviendo un verdadero Estado Constitucional.
El 11 de julio del 2019, el Magistrado Rafael Diaz Filpo, Juez Primer Sustituto del TC tuvo la gentileza y la distinción de enviarme esta comunicación:

Luego de un afable saludo, le expreso inmensamente mi agradecimiento por la obra recibida que lleva por nombre “La Inconstitucionalidad por Omisión”, de la autoría de Silvia Patiño Cruz y Víctor Orozco Solano, 2da. Edición, USA, octubre del 2011. Aun siendo este un tema complejo en el ámbito jurisdiccional, entiendo que es un reto y un gran aporte presentarlo ya que contribuye a la evolución jurisprudencial enfocándose en los temas centrales en la separación de poderes entre la inconstitucionalidad por omisión y el sistema constitucional. Sin lugar a dudas, será una gran herramienta para que la utilicen aquellos que estén interesados en darle su valor a la supremacía constitucional ante las omisiones del Estado.

Tuve la oportunidad de intercambiar algunas ideas e impresiones con el Magistrado Víctor Orozco Solano, cuando fue invitado por la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2020, precisamente para dictar una serie de conferencias denominadas “La Inconstitucionalidad por Omisión”, el Magistrado Orozco expresa en su obra: El fundamento jurídico del control de constitucionalidad, en sentido amplio, ante las omisiones parciales o totales de las autoridades públicas con poder normativo que violan la Constitución Política. Analizar los instrumentos procesales que consagra la Ley de la Jurisdicción Constitucional para combatirla: la acción de inconstitucionalidad, el recurso de amparo por omisión administrativa y el control previo de constitucionalidad sobre las omisiones de los poderes públicos con potestad normativa, sin embargo, no se limitan a tratar estos institutos, sino que subrayan las consecuencias jurídicas y políticas que se derivan de la jurisprudencia vinculante erga omnes de la Sala Constitucional.

De lo anterior se desprende el hecho de que tal y como lo expresé en las motivaciones de la instancia contentiva de la Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión Absoluta, depositada el 28 de enero del año 2019, “El hecho de que los doctrinarios de esta obra no conocieran la rigurosidad del Derecho Constitucional, así como por el hecho de que fuera publicada previo a la entrada en funcionamiento de la Sala Constitucional de Costa Rica, no fue una excusa para que sentara las bases para su aplicabilidad; pues al igual que el caso actual de la República Dominicana, en Costa Rica, en ese entonces la INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION no había sido invocada en acciones de control de constitucionalidad, amén de que la jurisprudencia de la Sala Constitucional en la materia era tímida y poco contundente”.

Expresé además que el caso más importante entre los analizados, no sólo por la incursión frontal en el tema de la inconstitucionalidad por omisión, sino además por la profundidad de los cambios políticos y sociales que implicó, es la arquimédica sentencia 2005-05649, en que la Sala Constitucional de Costa Rica, declaró la violación del Estado al incumplir su deber de desarrollar dos institutos de participación popular nuevos en el ordenamiento costarricense (el referendo y la iniciativa popular), impidiendo la superación del sistema político hacia un modelo participativo.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costarricense, en la Sentencia No.2005-05649 a las 14:39 hrs. del 11 de mayo del 2005, resolvió la acción de inconstitucionalidad planteada por el Defensor de los Habitantes, Contra la Omisión legislativa en dictar una ley que regule el referéndum para que el pueblo pueda ejercer la potestad legislativa para la aprobación, derogación de leyes y reformas parciales y la iniciativa popular en la formación de la ley durante las sesiones ordinarias. Dicha omisión fue impugnada por la violación a los derechos protegidos en los artículos 105 y 123 de la Constitución Política, así como el Transitorio Unico de la Ley No.8281 del 28 de mayo del 2002, por cuyo medio se reformó parcialmente la Constitución, y se fijó el plazo de un año para dictar las leyes de desarrollo. En esta sentencia la Sala tuvo por acreditado que el Órgano Legislador demoró más de un año y diez meses en decretar dichas leyes, motivo por el cual declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad, en los siguientes términos: “Se declara inconstitucionalidad la omisión absoluta de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su poder normativo y en el cumplimiento del mandato expreso impuesto por el poder constituyente derivado en la reforma parcial a la Constitución Política a los artículos, entre otros, 105 y 123 mediante Ley No.8281 del 28 de mayo del 2002, para dictar, según el Transitorio Único, en el plazo de un año siguiente a la publicación de ésta, el cual venció el pasado 20 de junio del 2003 – las leyes de desarrollo del referéndum y de iniciativa popular en la formación de la ley. Se le otorga a la Asamblea Legislativa el plazo de seis meses, contando a partir de la notificación de esta sentencia, para que dicte las referidas leyes”.

Lo que ha ocurrido en la República Dominicana en torno a la Sentencia TC 0113/2021, reitero es paradigmática, trascendental e histórica, pero lo más importante sienta las bases sólidas de que nos encontramos haciendo la verdadera transición a un verdadero Estado Constitucional.

Lic. Carlos Manuel Mesa
Abogado Constitucionalista

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