{"id":714,"date":"2026-04-12T02:07:50","date_gmt":"2026-04-12T06:07:50","guid":{"rendered":"https:\/\/lodehoyrd.com\/?p=714"},"modified":"2026-04-12T02:07:51","modified_gmt":"2026-04-12T06:07:51","slug":"el-control-de-la-jurisdiccion-contenciosa-administrativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lodehoyrd.com\/?p=714","title":{"rendered":"El control de la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Por: V\u00edctor Eddy Mateo V\u00e1squez<br>Victormateo7@gmail.com<\/p>\n\n\n\n<p>El art\u00edculo 139 de la Constituci\u00f3n dominicana del 26 de enero de 2010, estableci\u00f3 que: \u201cLos tribunales controlar\u00e1n la legalidad de la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. La ciudadan\u00eda puede requerir ese control a trav\u00e9s de los procedimientos establecidos por la ley\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto signific\u00f3 un gran avance institucional en materia de Derecho Administrativo, en virtud de que result\u00f3 una estocada mortal a la discrecionalidad y arbitrariedad de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, en detrimento de las personas.<\/p>\n\n\n\n<p>A los fines de materializar ese mandato, en el a\u00f1o 2013, el legislador vot\u00f3 la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administraci\u00f3n y de Procedimiento Administrativo, bajo la justificaci\u00f3n de que la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica proclamada el 26 de enero de 2010, consagra al Estado dominicano como un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho, y por tanto, transforma la naturaleza de la relaci\u00f3n entre la Administraci\u00f3n P\u00fablica y las personas.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, consider\u00f3 que la Administraci\u00f3n P\u00fablica debe actuar al servicio objetivo del inter\u00e9s general, siendo de gran relevancia su sometimiento pleno al ordenamiento jur\u00eddico del Estado proclamado expresamente en el Art\u00edculo 138 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Y, sobre todo, que en un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho los ciudadanos no son s\u00fabditos, ni ciudadanos mudos, sino personas dotadas de dignidad humana, siendo en consecuencia los leg\u00edtimos due\u00f1os y se\u00f1ores del inter\u00e9s general, por lo que dejan de ser sujetos inertes, meros destinatarios de actos y disposiciones administrativas, as\u00ed como de bienes y servicios p\u00fablicos, para adquirir una posici\u00f3n central en el an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas y de las decisiones administrativas.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo anterior, forma parte de sus considerandos a los fines de motivar el nacimiento de la referida norma que entr\u00f3 en vigor a partir del a\u00f1o 2015 y que, sin duda, revolucion\u00f3 el activismo de la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa (JCA). En la actualidad, el dinamismo de dicha instancia judicial es tan recurrida como la civil y hasta como la penal. Nunca en la Rep\u00fablica Dominicana hab\u00eda existido tanto inter\u00e9s en accionar en contra del Estado. Era impensable.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora bien, lo anterior no habr\u00eda sido posible si los asesores nacionales e internacionales de los constituyentes del 26 de enero de 2010 no hubieran apostado por un Estado de Derecho, una conquista que dio lugar a la constitucionalizaci\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa (JCA), un hito sin precedentes, porque, por vez primera en nuestra historia republicana, se le dedicaba art\u00edculos precisos, pese a existir desde el 2 de agosto de 1947, la Ley 1494 que crea la reci\u00e9n mencionada instancia.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, pese al gran trabajo que a modo general se puede visualizar, a\u00fan quedan deudas por solventar. Una de ellas es la creaci\u00f3n de los Tribunales Contenciosos, los cuales ser\u00edan equivalentes a los de primera instancia de otras materias.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto lo establece claramente el art\u00edculo 164 de la Carta Sustantiva desde el 26 de enero de 2010, no siendo posible su creaci\u00f3n por la \u201cfalta de recursos\u201d que alega a\u00f1o tras a\u00f1o el presidente del Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n<p>Es decir, la \u00fanica instancia de la JCA colisiona con el art\u00edculo 69 de la propia Constituci\u00f3n, debido a que no ve efectiva la garant\u00eda del derecho fundamental a la tutela judicial y debido proceso, violando as\u00ed el dec\u00e1logo previsto por el legislador, aunque son asuntos distintos en la pr\u00e1ctica, pero abordados como uno solo en la Ley de leyes.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n, otro detalle que sorprende a gran parte de la comunidad jur\u00eddica dominicana es la pasividad en las condenas en responsabilidad patrimonial, aunque en algunos a\u00f1os se logr\u00f3 uno que otro fallo solidario entre el funcionario y la entidad que dirige.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta conquista se encuentra en el art\u00edculo 148 de la Constituci\u00f3n, y reza de la siguiente manera: \u201cLas personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico y sus funcionarios o agentes ser\u00e1n responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados a las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas por una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n administrativa antijur\u00eddica\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese sentido, el criterio que ha imperado luego de algunos fallos de inicios del a\u00f1o 2020 es que al funcionario hay que probarle el \u201cdolo\u201d, pero, muchos nos preguntamos si el presidente de la Rep\u00fablica como jefe de la Administraci\u00f3n P\u00fablica no es quien debe instruir a los funcionarios designados por \u00e9l, para que sean diligentes y minimicen riesgos en favor de la sociedad, a los fines de evitar da\u00f1os que puedan ser previstos. Si el presidente no sabe de Derecho, sus asesores jur\u00eddicos, incluyendo el consultor, deber\u00edan recomendarlo.<\/p>\n\n\n\n<p>No obstante, cabe preguntarse, \u00bflos jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA) desconocen la realidad social, econ\u00f3mica y pol\u00edtica que caracteriza la sociedad dominicana? \u00bfA caso ellos no viven en la Rep\u00fablica Dominicana? \u00bfNo saben ellos que hist\u00f3ricamente la politiquer\u00eda ha provocado que muchas personas sean designadas en cargos p\u00fablicos sin experiencia ni formaci\u00f3n en el \u00e1rea? Estas preguntas son extendidas a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), desde donde -dicen algunos miembros de la comunidad jur\u00eddica- viene dicho criterio que ha sido adoptado por Salas del TSA.<\/p>\n\n\n\n<p>A pesar de lo anterior, ser\u00eda injusto no reconocer que hay jueces valientes, quienes pese a sus aspiraciones para ascensos mantienen firmes su respeto al Estado Constitucional de Derecho.<\/p>\n\n\n\n<p>A ellos nuestra admiraci\u00f3n y consideraci\u00f3n, porque no es cierto que la gente no querr\u00e1 ir a una posici\u00f3n p\u00fablica por condenas por acci\u00f3n u omisi\u00f3n en contra de funcionarios p\u00fablicos. En este pa\u00eds la pasi\u00f3n pol\u00edtica solo compite con la religi\u00f3n y el beisbol. Y, en las \u00faltimas d\u00e9cadas, muchos profesionales se han preparado para servir desde el Estado.<\/p>\n\n\n\n<p>En fin, lo que anhelan la sociedad y, especialmente, los usuarios de la JCA son que, como \u00f3rgano de control establecido por la Constituci\u00f3n, act\u00fae de forma tal que los particulares no se sientan desprotegidos en sus reclamos. No es dar la raz\u00f3n por darla, sino, que entiendan que siempre la Administraci\u00f3n estar\u00e1 en mejor posici\u00f3n que las personas, precisamente por el poder de imperio que le caracteriza.<\/p>\n\n\n\n<p>Esa situaci\u00f3n solo puede nivelarla el TSA a trav\u00e9s de sus fallos, as\u00ed como la Tercera Sala de la SCJ cuando rechaza pretensiones abusivas por arbitrarias y discrecionales de las entidades p\u00fablicas y sus funcionarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: V\u00edctor Eddy Mateo V\u00e1squezVictormateo7@gmail.com El art\u00edculo 139 de la Constituci\u00f3n dominicana del 26 de enero de 2010, estableci\u00f3 que: \u201cLos tribunales controlar\u00e1n la legalidad de la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. La ciudadan\u00eda puede requerir ese control a trav\u00e9s de los procedimientos establecidos por la ley\u201d. 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