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Denuncian RD trata excluir dominicanos de ascendencia haitiana

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La coordinadora del Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), denunció anoche la existencia de un plan de exclusión de los hijos de ascendencia haitiana, por parte del gobierno dominicano.

Asimismo, sostuvo que ese plan de exclusión se manifiesta ahora con la anulación de actas emitidas en el pasado, lo que se pretende legalizar con la modificación al artículo 11 de la Constitución de la República.

Acusaron a las autoridades dominicanas de actuar con una doble moral frente al tema migratorio, ya que mientras en foros internacionales defienden el derecho de los criollos en los países donde viven, hacen lo contrario con los inmigrantes haitianos en la República Dominicana.

 

Sostuvo que mediante la modificación de la Constitución el gobierno pretende establecer que los hijos de extranjeros “ilegales” nacidos en la República Dominicana, no podrán obtener la nacionalidad.

Lamentó que, según alega, la exclusión no sé de con otros grupos étnicos cuyos padres llegaron a la República Dominicana en las mismas condiciones que lo hicieron los haitianos.

Una parte de los haitianos llegan con contratos de trabajo con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), pero otros cruzan la frontera ilegalmente. “Nosotros somos dominicanos y dominicanas como lo son los hijos de dominicanos nacidos en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países”

En el seminario desarrollado en el Hotel Napolitano, en la capital, calificó como criminal que se les niegue el derecho a la educación, la salud, así como los derechos civiles y políticos, ya que el desarrollo de una persona o un colectivo depende de los conocimientos para avanzar y aportar a la sociedad donde vive.

Denunció que alrededor de 60 niños y niñas han sido víctimas de anulación de actas de nacimientos por parte de la Junta Central Electoral (JCE), a pesar de haber nacidos en la República Dominicana, solamente porque son hijos de haitianos.

“Esto es abuso de poder, ya que esto debe ventilarse en una corte independiente y ahí que el gobierno demuestre que las actas son ilegales o fraudulentas, pero no puede tomar esa decisión de manera administrativa, si es que vivimos en un Estado de derechos”, precisó.

Añadió que el 11 de enero pasado, el funcionario suscribió una declaración con México y Centroamérica donde decía que “debe dársele a todo inmigrante, sin importar su condición migratoria, la protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales que les aplican”.

Criticó que desde los organismos del Estado no exista la voluntad política para acabar con los maltratos de que son objetos los inmigrantes, especialmente los hijos de haitianos ilegales en territorio dominicano.

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