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Auditoría mantiene paralizada construcción del Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El pasado 10 de noviembre de este año se cumplieron dos años y siete meses desde que se anunció la construcción del Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas, un moderno local que albergaría 13 tribunales de tres jurisdicciones que operan en el Distrito Nacional.

La obra, que se aproxima a los RD$ 272,481,650.87 y que promete ser un paso de avance para el sistema judicial, se encuentra detenida y sin fecha de entrega, siendo utilizada como un costoso almacén del Poder Judicial, un destino muy alejado del de su concepción.

La construcción y remodelación de la edificación de cuatro niveles, más sótano, con extensión de 12,905.84 metros cuadrados, ubicado en la calle Cervantes del sector Gascue del Distrito Nacional, donde funcionaba el antiguo hotel Cervantes quedó en manos de la empresa Constructora Vélez y Sánchez (Convesa), la cual, desde febrero del 2019 se ha visto imposibilitada de completar los trabajos debido a que la obra se encuentra bajo un proceso de auditoría que parece no terminar.

Según explica Carlos Alberto Vélez, socio de la empresa constructora, el proyecto, que para ese entonces se encontraba completado en más del 90 %, entró en un “limbo” a raíz dos auditorías: la primera realizada por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) sobre trabajos adicionales solicitados por el Consejo del Poder Judicial, y la segunda a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Vélez resalta que durante la evaluación a cargo del Codia, Convesa tomó la decisión de detener los trabajos de construcción al quedarse sin el capital para completar la obra, ya que durante el levantamiento, la entrega de recursos económicos fue interrumpida.

La empresa, entonces, se vio obligada a utilizar sus propios recursos y de esa manera cumplir con los plazos fatales para la entrega del proyecto, una solución que económicamente resultó imposible de mantener.

«Al llegar al punto en que ya no teníamos capital para seguir y ya todo el dinero que teníamos estar invertido en el edificio, decidimos parar la obra”, resalta Vélez.

Indica que al detenerse, el Consejo del Poder Judicial empezó presionar al Codia para que fuera concluida la auditoría que realizaba sobre los trabajos adicionales, y de esa forma, reactivar el flujo de fondos para concluir los trabajos pendientes.

El peritaje efectuado por el Codia entre el 14 y el 16 de marzo, arrojó que los todos adicionales “fueron necesarios y justificados”, lo que permitió el pago parcial a la empresa constructora, correspondiente a los trabajos auditados, y dando así luz verde para la continuidad de las labores.

Sin embargo, Vélez detalla que con la llegada del nuevo presidente del Consejo, Luis Henry Molina, la edificación entró nuevamente en un letargo que se ha extendido hasta la fecha.

El dos de agosto del 2019, tras una reunión del consejo dos meses antes, el CPJ anunció que se realizarían auditorías internas permanentes, a través del acuerdo suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La decisión puso en pausa nuevamente la liberación de los montos adeudados por la entidad judicial a la contratista y por ende, la terminación del Palacio de Jurisdicciones Especializadas, generando pérdidas millonarias a Convesa.

La licitación para la para “Auditoría Obra Civil Edificio Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas”, que fue publicada por el organismo internacional el 24 de julio 2019, se adjudicó el siete de noviembre del mismo año a la empresa de consultoría EPSA LABCO, por US$ 119,910. La firma del convenio se efectuó el 18 de septiembre.

Los trabajos a desarrollar por EPSA LABCO incluyen un estudio de Impacto Vehicular; revisión al cumplimiento de las normativas vigentes en los diseños arquitectónicos; evaluación de vulnerabilidad estructural, hidrosanitaria y al Sistema de Supresión de Incendios.

Asimismo, la evaluación Eléctrica y detección de incendios; evaluación electromecánica / HVAC, y la evaluación técnico financiero de avance del proyecto.

Los resultados del levantamiento – en el que ya se evaluó la estructura – debieron entregarse en enero del 2020, aún permanecen sin ser divulgados.

“Te puedo asegurar que en una obra como esta, dos años parada, es mucho el dinero que se pierde”, reflexiona Vélez, quien destaca que su empresa no cuenta con el capital para cubrir trabajos hechos y que no hayan sido pagados.

“A tiro de hit”

“La edificación está casi lista”, refiere Carlos Alberto Vélez durante un recorrido por las instalaciones, la cual hoy se encuentra como un almacén del mobiliario de tribunales del interior del país, acaparando cientos de bancos, sillas, escritorios y utensilios de oficina que se amontonan casi en todos los espacios del edificio.

Señala que a pesar del deterioro que ha sufrido la estructura debido al desuso y al uso indebido de las instalaciones, completar los trabajos – contratados por su compañía – costaría uno 10 millones de pesos.

“Para terminar y poner en funcionamiento lo que está y lo que fue en nuestro contrato, anda – el monto – en 10 millones de pesos”, señala, pero advierte que el costo podría aumentar de mantenerse la inercia en torno a la obra.

1 de 7 | Los aires acondicionados se encuentran instalados.

2 de 7 | De acuerdo a los ingenieros de Convesa, la edificación necesita trabajos menores para poder ser entregada.

3 de 7 | Los aires acondicionados se encuentran instalados, faltando en algunos espacio, la instalación de luces.

4 de 7 | Los aires acondicionados se encuentran instalados, faltando en algunos espacio, la instalación de luces.

5 de 7 | El Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas se encuentra terminado en más de un 90 %.

6 de 7 | La obra, que se aproxima a los RD$ 272,481,650.87, está siendo utilizada como un costoso almacén del Poder Judicial

7 de 7 | La obra, que se aproxima a los RD$ 272,481,650.87, está siendo utilizada como un costoso almacén del Poder Judicial

Silencio

Según refiere el abogado de la empresa Constructora Vélez y Sánchez (Convesa), Manuel Madera, el silencio es la única respuesta que reciben de la Dirección de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial al tratar de conocer las razones que han demorado la auditoría hecha a través del Programa de las Naciones Unidas (PNUD).

El pasado primero de septiembre, se le requiere mediante intimación al CPJ, completar la auditoria llevada a cabo por el PNUD, “la cual concluyo tardíamente en agosto del 2020”, en un plazo no mayor de tres días, así como el pago de los valores adeudados. La petición no fue cumplida.

«La comunicación está cortada por parte de ellos», indica. «Llamamos a los incumbentes y no nos cogen el teléfono. No responden los mensajes», agrega.

Acento intentó comunicarse por distintas vías con los encargados de la Dirección de Infraestructura Física del CPJ, sin éxito.

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