Agricultores critican el desmantelamiento de la Reforma Agraria y malas prácticas del Ministerio de Agricultura

Organizaciones campesinas denuncian desmantelamiento de la Reforma Agraria a 63 años de su creación ley No.5879 del 1962. Luciano Roble. Hoy/Arlenis Castillo/25/04/25

Organizaciones campesinas alertaron que se pone en peligro la seguridad jurídica de miles de parceleros de la reforma agraria y la seguridad alimentaria nacional con el Decreto 115-25, mediante el cual se fusiona el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura.

Los representantes campesinos consideran que el IAD tiene una función social, es clave para la promoción y sostenimiento de los asentamientos agrarios en el país, lo cual no puede ser asumida por el Ministerio de Agricultura, al que acusan de ineficiencia y de responder a intereses oligárquicos.

Además que si el IAD desaparece también lo harán aquellos parceleros, entre 90 y 100 mil familias, que aún no tienen título de propiedad, quedando en un limbo jurídico.

Así lo afirmaron la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (Fedelac) y la Central Nacional de Unidad Campesina y Agricultores (Cenucad), quienes advirtieron que esta medida es un retroceso en el momento que la Reforma Agraria cumple 63 años este 27 de abril.

El presidente de Fedelac, Luciano Robles afirmó que la reforma agraria ha sido el programa de mayor dimensión de justicia social que se ha desarrollado en la República Dominicana antes de haber promulgado la ley 87-01 de seguridad social.

Expuso que esto fue una realidad gracias al IAD y que los terratenientes pusieron las tierras en manos de muchas familias. A partir de ese proceso, el IAD ha distribuido alrededor de 11 millones de tareas de tierras en manos de alrededor de 140 mil familias, quienes han garantizado la seguridad alimentaria porque producen más del 50% de la producción agrícola nacional.

Robles resaltó que Agricultura ha estado dirigida en los últimos años por una oligarquía que hace negocio con los grandes hacendados, agros importadores y los agros empresarios y donde se favorecen a los importadores.

Robles aseguró que en la próxima semana comenzarán a hacer movilizaciones pacíficas en todo el país para llamar la atención del Gobierno y encuentros con los legisladores para que se eliminara ese decreto el cual consideraron un “error histórico”.

Malas acciones desde Agricultura

Los agricultores explicaron que en los últimos años Agricultura no apoya a los pequeños productores sino a los importadores y grandes empresas, como prueba de estas afirmaciones citaron que en el 2024 con la cosecha de cebolla local se aprobaron permisos de importación de cebolla, lo que provocó la quiebra de productores locales al desplomarse los precios.

Además el fracaso del programa Siembra RD, que aseguran fue abandonado por falta de apoyo económico; el descuido total de proyectos como La Cruz de Manzanillo, el D-1 ganadero de Isura (Azua) y el proyecto de Oviedo (antigua Algodonera); y acciones que calificaron como atropellos contra pequeños productores, incluyendo la ocupación irregular de parcelas del IAD y la destrucción de sembradíos para favorecer negociaciones con empresas privadas.

A esto se suma una millonaria deuda con propietarios de tractores que prestan servicios al Estado y que, aseguran, han sido dejados sin pago durante meses.

También denunciaron que en este Gobierno con el cierre del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) su ganado pasó a manos de ricos. Por otro lado, reiteraron que han existido irregularidades en el manejo de propiedades del Estado desde Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels) y en el uso de la figura de fideicomiso.

Cierre de cuentas

Los líderes campesinos también denunciaron que, incluso antes de la entrada en vigencia del decreto, ya se habían congelado las cuentas del IAD, paralizando servicios fundamentales como la compra de combustible para apoyar la producción agrícola. Asimismo, acusaron a funcionarios de haber suspendido la entrega de títulos provisionales, lo cual es la base legal para que los parceleros puedan obtener sus títulos definitivos.