Leonte Torres acusa a jueces de favorecer a presunto entramado delincuencial y exige investigación

Durante una protesta frente a la Procuraduría General de la República, el denunciante cuestionó varias decisiones judiciales relacionadas con un conflicto que, según afirmó, se remonta a procesos iniciados hace más de una década. También pidió al Ministerio Público investigar lo que calificó como amenazas, sobornos y actuaciones irregulares.

Santo Domingo, RD. — Un denunciante acudió este miércoles a la explanada frontal de la Procuraduría General de la República para exigir una investigación sobre varias decisiones judiciales que, según sus declaraciones, estarían beneficiando a personas que vincula con un supuesto entramado delincuencial.

Durante una transmisión en vivo, el hombre sostuvo que la situación ha alcanzado un nivel de gravedad que, a su juicio, requiere la intervención de las autoridades, debido a que afirmó que algunos jueces podrían estar siendo objeto de presiones o amenazas.

El denunciante hizo referencia a un proceso relacionado con el Tribunal de Tierras de Higüey, señalando que una jueza había emitido una sentencia que, según su versión, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Sin embargo, aseguró que posteriormente se produjo una nueva decisión que favoreció a la parte que él había demandado.

Según su relato, el caso fue llevado posteriormente ante tribunales de El Seibo, donde cuestionó la decisión mediante la cual se habría establecido que no tenía facultad para presentar la demanda por carecer de un poder, pese a que, según afirmó, existían documentos y una sentencia previa que respaldaban su posición.

Cuestionamientos a decisiones judiciales
El denunciante también mencionó a la jueza Karina Colomé Abreu, a quien atribuyó una decisión relacionada con la supuesta perención de un proceso que, según afirmó, se inició hace más de una década.

Sostuvo que una persona había sido condenada a rendir cuentas en 2013 y que dicha condena habría sido ratificada posteriormente. Aseguró que, pese a ello, todavía no se habrían presentado las cuentas correspondientes y cuestionó que el tribunal considerara perimido el proceso.

Asimismo, afirmó que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís había intervenido en el expediente y que posteriormente se produjo una decisión que, según su interpretación, terminó favoreciendo a los involucrados.

El denunciante planteó varias hipótesis sobre las razones que podrían explicar las decisiones judiciales, incluyendo la posibilidad de amenazas, sobornos o participación directa de funcionarios en el supuesto entramado. Estas afirmaciones fueron realizadas durante su protesta, pero no fueron acompañadas en el material presentado de pruebas que permitan establecerlas como hechos comprobados.

Reclamo ante la Procuraduría
Durante su intervención, también afirmó haber realizado gestiones ante funcionarios del Gobierno y mencionó a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, así como al viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez.

El denunciante reclamó que las autoridades investiguen las situaciones que está denunciando y sostuvo que el Estado no debe permitir que personas vinculadas a actividades ilícitas permanezcan impunes.

“El Estado no puede estar encubriendo delincuentes”, manifestó durante la protesta.

En medio de sus declaraciones, también realizó señalamientos directos contra varias personas, a quienes identificó como parte del supuesto entramado. No obstante, tales imputaciones corresponden a la versión del denunciante y deberán ser determinadas mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.

Protesta frente a la Procuraduría
La actividad concluyó con un momento de oración frente a la sede de la Procuraduría General de la República. El reportero que acompañaba la protesta hizo un llamado a que el caso sea escuchado a nivel nacional y posteriormente los participantes corearon consignas relacionadas con la persona a la que identificaron como “Sicho Prola”.

La denuncia plantea cuestionamientos sobre actuaciones de distintos tribunales y solicita una respuesta de las autoridades competentes. Corresponderá al Ministerio Público y a los órganos responsables de la administración de justicia determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos denunciados.