16 Congresistas de EE.UU abogan para que 250,000 mil haitianos sean regularizados como dominicanos

WASHINGTON, D.C., 6 de agosto.- El vicepresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), el congresista Keith Ellison de Minnesota, junto con otros 15 colegas, enviaron una carta al Secretario de Estado Rex Tillerson, el pasado 28 de julio, urgiendo al Depto. de Estado a que resista los intentos continuados por la República Dominicana para rechazar la ciudadanía a personas de ascendencia haitiana.

La carta, esencialmente acusa al gobierno dominicano de no cumplir con sus promesas para con el pueblo y la comunidad internacional de reconocer la ciudadanía dominicana a aquellos clasificados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularizacion del 2014 (169-14).

Esta carta lee, en parte: “el gobierno dominicano le aseguró a su pueblo y a la comunidad internacional que los individuos que cayeran en la categoría del grupo A eran ciudadanos y que se pondría en marcha un proceso para que estos individuos reciban los formularios correctos de ciudadanía cuando la ley fuera aprobada.”

“En la práctica, miles de dominicanos de ascendencia haitiana que están categorizados como Grupo A bajo la ley 169-14 están todavía luchando para ejercer sus derechos ciudadanos. A algunos de ellos no se les han emitido sus documentos de nacionalidad, otros, en vez de estar registrados como ciudadanos de la República Dominicana han sido registrados en el Libro de Transcripción. El status legal de aquellos registrados en este libro no está claro.”

La República Dominicana, un estado soberano junto a otros 150 países del mundo -incluyendo Haití- garantiza ciudadanía basado en el principio universal de Jus Sanguinis (ley de la sangre) diferente a los Estados Unidos, los cuales adjudican la ciudadanía basado primordialmente en el lugar de nacimiento (Jus Solis). Esta diferencia legal ha conducido a un mal entendido generalizado por parte de los Estados Unidos, sus pasados oficiales y personalidades académicas a esgrimir el tema de la apatridia en la República Dominicana.

Más abajo, favor encontrar una copia de la carta arriba citada y una traducción fiel de la misma. El Dominican Journal USA ha corroborado por su parte que las firmas que aparecen al pie de esta carta aparentan ser buenas y válidas, y correspondientes a cada uno de los miembros del Congreso citados:

“Congreso de los Estados Unidos
Washington, D.C. 20515

Julio 28, 2017

Al Honorable Rex Tillerson
Secretario de Estado
Departamento de Estado de los EE.UU.
2201 C Street, NW
Washington, D.C. 20520

Estimado Secretario Tillerson:

Le escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto a la anulación de ciudadanía y la degradación de los derechos civiles de miles de dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana. Urgimos al Depto. de Estado para que asegure que el gobierno de la República Dominicana le ponga un alto a la práctica de anular el derecho a la ciudadanía de dominicanos de ascendencia haitiana y que asegure la protección de sus libertades civiles.

Un dictamen de la Corte Constitucional en el 2013 dejó a miles de dominicanos hijos de padres o abuelos haitianos de su nacionalidad, creando una crisis de apatridia. En el 2014, la ley 169-14 fue aprobada como un esfuerzo para restaurar la ciudadanía a los individuos afectados por la decisión de la corte. De acuerdo a la ley 169-14 los individuos con algun tipo de documentación gubernamental eran categorizados como grupo A y reconocidos como ciudadanos. El gobierno dominicano le aseguró a su población y a la comunidad internacional que los individuos que cayeran en la categoría del Grupo A eran ciudadanos y que se pondría en marcha un proceso para que esos individuos recibieran los formularios de ciudadanía correcta cuando la ley fuera aprobada.

En práctica, miles de dominicanos de ascendencia haitiana, quienes están categorizados como grupo A bajo la ley 169-14 están todavía luchando para ejercitar sus derechos como ciudadanos. A algunos no se les ha emitido sus documentos de nacionalidad. A otros, en vez de ser registrados como ciudadanos de la República Dominicana, han sido registrados en el Libro de Transcripción. El status legal de aquellos anotados en este Libro no está claro. Bajo la ley 169-14, los dominicanos de ascendencia haitiana tienen también que tener sus certificados de nacimiento anulados y habérseles dado nuevos certificados de nacimiento “transcritos” que implican que ellos no fueron nacidos en la República Dominicana.

Estamos también gravemente preocupados que aquellos individuos a quienes se les ha emitido certificados de nacimiento transcritos están ahora en riesgo de ser demandados por la Junta Central Electoral |(JCE) con un enfoque particular en castigar a los activistas. Por ejemplo, a dos activistas que han estado en esta lucha por bastante tiempo, Ana Maria Belique y Juliana Deguis Pierre se les emitieron certificados de nacimiento transcritos, los cuales llevaron a que sus certificados de nacimiento originales fueran anulados bajo la sospecha de fraude. La anulación de esos documentos originales deja a la Señorita Belique y a la Señorita Pierre sin un nexo a su ciudadanía por nacimiento y vulnerables a la persecución judicial contínua, conviertiéndose en una barrera para el activismo a favor de sus comunidades. En realidad, estas dos activistas, y muchos otros, están en posesión de dos certificados de nacimiento sin tener la más mínima culpa. Mientras éstos son los dos casos más prominentes, hay varios cientos de casos similares, especialmente en las regiones de San Pedro de Macorís y El Seibo.

En adición al hostigamiento judicial, existen reportes de que la Junta Central Electoral ha estado negándole los derechos civiles a los dominicanos de ascendencia haitiana. Durante las audiencias de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos de Abril del 2016, los defensores de los derechos humanos de dominicanos testificaron que la Junta Central Electoral estaba colocando barreras arbitrarias para que los dominicanos de ascendencia haitiana obtuvieran sus documentos de identidad y sus tarjetas de votación. Esto es particularmente alarmante puesto que la JCE decide no solamente cuándo y dónde se van a celebrar las elecciones, sino también quién es elegible para votar. El Secretario Ejecutivo de la CIDH Emilio Alvarez Icazar expresó su profunda preocupación con respecto a la JCE, haciendo notar que ésta “se ha convertido en un aparato institucional que reproduce la discriminación.”

Le pedimos al Departamento de Estado que urja a la República Dominicana para que pare la anulación de certificados de nacimientos originales y que asegure que todos los dominicanos de ascendencia haitiana puedan ejercitar todos sus derechos como ciudadanos. Apreciamos su consideración a este requerimiento.

Sinceramente,

Jan Schakowsky (*)
Miembro del Congreso

Bradley Schneider (*)
Miembro del Congreso

James P. McGovern (*)
Miembro del Congreso

Betty McCollum (*)
Miembro del Congreso

William R. Keating (*)
Miembro del Congreso

Yvette D. Clarke (*)
Miembro del Congreso

Bobby L. Rush (*)
Miembro del Congreso

Dwight Evans (*)
Miembro del Congreso

Keith Ellison (*)
Miembro del Congreso

Donald S. Beyer (*)
Miembro del Congreso

Maxine Waters (*)
Miembro del Congreso

John Lewis (*)
Miembro del Congreso

Sheila Jackson Lee (*)
Miembro del Congreso

Anna G. Eshoo (*)
Miembro del Congreso

John Conyers (*)
Miembro del Congreso

Rosa L. DeLauro (*)
Miembro del Congreso”

(*) Nota del traductor: Firma visible en el original suministrado.

Comunicación Original firmado por Congresistas