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Piden revisión “urgente” de Reglamento de Naturalización; afirman viola Constitución RD

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Santo Domingo. Varios juristas demandaron del Poder Ejecutivo una revisión “urgente” del proyecto de Reglamento para la aplicación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, al considerar que éste contiene presuntas violaciones a la Constitución de la República.

“Previo a su promulgación, deben ser corregidos al menos 18 violaciones, siete a la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, otras a la Ley de Migración, a la sentencia 168-13 del Constitucional y al espíritu de la ley de naturalización”, así lo expresan los abogados Juan Miguel Castillo Pantaleón, Juan Miguel Castillo Roldán, Cristina Aguiar y José Miguel Vásquez, en un informe elaborado a petición del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití.

“El Poder Ejecutivo debe ser sumamente cuidadoso en la corrección de esos desaciertos, que de no ser revisados se verán comprometidas la seguridad jurídica y la supremacía constitucional”, expresan los abogados.

Los facultativos agregan en su estudio que en dicho reglamento se encuentran serias deficiencias, que amenazan el estado de derecho en la República Dominicana, puesto que permitiría declaraciones de nacimiento que la propia persona puede hacer, ajeno al sistema legal instituido y sin necesidad de probar la identidad y nacionalidad de los padres de aquel que se declara alegando haber nacido en el país.

Entre las alegadas violaciones del borrador, señaladas por los juristas se encuentran las siguientes:

«La competencia exclusiva de reglamentar, así como del libro de extranjería corresponde a la Junta Central Electoral (JCE), y no del Poder Ejecutivo, por lo que se quebranta el artículo 4 de la Constitución, aseveran.

El reglamento, consideran, viola el artículo 6 de la Carta Magna al pretender, mediante decreto, imponer modificaciones a una norma de rango jerárquico superior y que es competencia de otro poder del Estado.

Establecen que los artículos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 y 19 del borrador invaden la competencia de la JCE, al otorgar al Ministerio de Interior funciones que corresponden a ese órgano.

Critican, además, la “amplia” discrecionalidad dada a una Unidad Operativa que será creada, para ejecutar la ley,  “con todos los riegos que eso implica”.

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