Piden restablecer las repatriaciones

El Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití reclamó este miércoles de las autoridades de Migración restablecer las deportaciones de extranjeros indocumentados que viven en el país, porque sin control migratorio no existe la soberanía. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón dijo que la entidad sostiene que un decreto no puede estar por encima de la Ley de Migración y las autoridades están para aplicar lo que dice la ley.

“¡No se pueden prohibir las deportaciones! Ellas son el único mecanismo coactivo que prevé el derecho migratorio contra extranjeros que ingresan o permanecen de forma ilegal”, Castillo Pantaleón.

En rueda de prensa realizada en el hotel Barceló (antiguo Lina), los abogados José Miguel Vásquez García, Cristina Aguiar y Liela Roldán dijeron que aún está pendiente en el Tribunal Constitucional, el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 327-13 que prohibió las deportaciones de extranjeros ilegales previstas en la Ley de Migración.

Por lo que pidieron al Tribunal Constitucional que sea emitido el fallo de dicha acción sin más amplio plazo, en razón de la urgencia, y actuando en la misma línea tutelar de nuestra soberanía, que le ha merecido su prestigio como tutor de la dignidad patria y la nacionalidad dominicana”.

“Esa acción pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional, fue interpuesta a finales del año 2013 y la audiencia fue conocida por la Alta Corte el 23 de febrero del año 2014”, indican.

Las prohibiciones de las deportaciones de extranjeros ilegales previstas en la Ley de Migración, mientras se ejecuta el Plan Nacional de Regularización, fue emitida por decreto por el Poder Ejecutivo.

A juicio de los abogados ese decreto invade una competencia reservada por la Constitución dominicana al Congreso Nacional, entre otras violaciones.

“La aplicación del decreto ostensiblemente ha generado un efecto llamada, que ha aumentado la presencia de extranjeros ilegales con todas sus graves consecuencias, que persiguen inscribirse en el mismo aunque no califiquen. Esa presión fronteriza ha potenciado la inmigración ilegal y los incidentes que aumentan con el correr de los días, colocando nuestro país en riesgo”.

Precisan que el Decreto 327-13 de noviembre de 2013 que instituye el “Plan Nacional de Regularización”, al prohibir las repatriaciones de extranjeros ilegales, entre otras cosas, compromete el Estado de derecho, porque atenta contra el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución.

“Este decreto, ha generado un previsible efecto llamada, al atraer una población migrante que pretende acogerse a dicho plan sin llenar los requisitos previstos, y ha menoscabado el derecho soberano del Estado a regular el flujo migratorio en función de las necesidades de la sociedad y del indispensable equilibrio entre las poblaciones locales y los inmigrantes. Esta situación, inédita en el mundo civilizado, ha sometido nuestra frontera a una presión insostenible manifestada en la producción de innumerables incidentes transfronterizos”.

Indicaron que República Dominicana enfrenta en la actualidad uno de los momentos más delicados en su historia. El problema migratorio siempre ha gravitado por someter a nuestro país a grandes desafíos, comprometiendo nuestros escasos recursos y afectando principalmente a los dominicanos más pobres por su impacto negativo en la demanda de los servicios de salud, de educación, de vivienda; por el desplazamiento de la mano de obra local, por comprometer nuestros escasos recursos naturales, por engrosar los cinturones de miseria en nuestras ciudades; por generar cada vez más inequidad y aumentar la delincuencia.

Denunciaron que en los últimos meses la migración de haitianos se ha hecho masiva, desplazando nuestra identidad en muchas comunidades.

Consideraron como el impacto nefasto en el orden político, social y económico del país, la prohibición de las deportaciones porque a su juicio transgrede el pacto político que une a los dominicanos, los derechos adquiridos de los trabajadores dominicanos y el derecho a la seguridad que asiste a cada dominicano y dominicana.

Precisaron que la Constitución es la carta de ruta del ejercicio del poder. La salud del Estado reposa en el respeto de las atribuciones y competencias de cada uno de los poderes como lo consagra la Carta Magna.

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