Opinión

Es muy lucrativo el negocio de declarar haitianos como dominicanos. Reportaje

A cambio de dinero e incluso bajo el argumento de un favor, ciudadanos dominicanos acuerdan con haitianos declarar a sus hijos como dominicanos para garantizarles los derechos de la nacionalidad. Se valen de documentos irregulares conseguidos mediante influencias.

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La migración haitiana hacia la República Dominicana no solo deja beneficios económicos a traficantes en la isla. Hay ciudadanos que han encontrado en ella un particular fin de lucro: declarar a hijos de haitianos como dominicanos valiéndose de influencias para conseguir documentos irregulares.

“Hemos encontrado un mismo hombre que pretende declarar varios hijos con una cosa común: que todos son hijos de madres extranjeras”, revela Brígida Sabino, encargada de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento de la Junta Central Electoral (JCE), sin entrar en detalles.

Los inspectores no tienen formas concretas de establecer si hubo un lucro de por medio cuando solicitan de forma irregular una declaración tardía de nacimiento para que alguien sin vínculo biológico o sanguíneo con una persona acceda a declararla como dominicana. Sin embargo, en las comunidades donde residen haitianos es posible dar con gente que lo ha hecho y saber a qué precio han “vendido” la nacionalidad.

Está el caso de un dominicano de mediana edad quien es padre natural de dos hijos pero en papeles ha procreado a ocho. Cobró entre RD$8,000 (US$161) a RD$20,000 (US$402) por cada declaración de nacimiento que hizo de cuatro niños de madres haitianas diferentes. Su última fue hace cuatro años y estaba pautado hacerla desde antes del alumbramiento.

Él reside en Pedernales, una de las tres provincias más pobres del país, donde el 27.3 % de las personas que viven en esa demarcación fronteriza del sur es de origen extranjero, en su mayoría haitianos, según lo registra la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI -2017).

Otro dominicano declaró a dos hijos de haitianas, también en Pedernales. Por uno pidió RD$15,000 (US$301) y por el otro RD$11,000 (US$221), valiéndose de documentos falsos.

En esa misma provincia personal del hospital Doctor Elio Fiallo está enterado de la irregularidad, aunque reportan que ha disminuido debido a la aplicación de mayores controles.

A una madre de 27 años que dio a luz en ese centro de salud le ofrecieron en las afueras del hospital declarar a tres de sus cinco hijos. La mayor tiene 13 y el menor tenía 24 días de nacido cuando ella conversó con Diario Libre en julio pasado.

“Hay uno que me decía: vamos a declararlo, le dije que no podía aceptar una cosa así porque hay que hablar con el papá y muchos dicen que hay que pagarles”, recordó.

La joven reside junto a su esposo y sus hijos en una pequeña pieza, con pocos enseres del hogar. Le pidieron hasta RD$4,000 (US$80) hace cinco años, esa vez no lo hizo porque carecía de dinero. En una siguiente ocasión la frenó que tenía problemas con su acta de nacimiento.

“Uno lo hace para que el niño pueda estar legalmente pero no porque uno está negando a su país”, reflexionó.

Una joven madre haitiana a la que dominicanos le ofrecieron en Pedernales declarar a tres de sus hijos. (Diario Libre/Marvin del Cid)

También hay mujeres dominicanas involucradas. Una de ellas, residente en Jimaní, explicó que hizo una declaración tardía de nacimiento como un favor a su vecina haitiana, aunque admitió que le cobró RD$6,000 (US$120).

Jimaní es la capital de Independencia, una provincia fronteriza donde el 11.2 % de su población es extranjera, mayormente haitiana, según la ENI-2017.

“Ella no tenía papeles y habló conmigo –recuerda la dominicana–. Le dije que sí, pero como también le estoy haciendo un favor a ella, ella tiene que hacérmelo a mí el día que la necesite”.

La señora, de 33 años y tres hijos naturales, buscó a dos testigos: un hermano abogado y un vecino. Ambos dieron fe a la autoridad competente de que es su cuarta hija la menor que ya tiene cuatro años.

 

Determinar la cantidad de actas de nacimiento invalidadas por declaraciones irregulares de hijos de haitianos como dominicanos es impreciso pues la JCE no clasifica a los involucrados por su aparente nacionalidad. De hacerlo así, se puede tildar como discriminación, explica Brígida Sabino, encargada de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento de esa institución pública.

Los inspectores investigan las solicitudes y las depuran. Contactan a familiares para confirmar si los datos son ciertos. De ser necesario se puede recurrir a pruebas de ADN de los solicitantes.

Solo en 2017 Sabino reporta que, a nivel general, se rechazaron 704 solicitudes de declaración tardía de nacimiento de personas mayores de 16 años por no encontrarse un vínculo biológico entre las partes. Entre enero y el 6 de agosto del presente año la cifra iba por 296.

La Constitución de la República establece que son dominicanos los hijos de madre o padre dominicanos. Amparándose en este mandato se hacen las solicitudes irregulares con el fin de garantizarle a un individuo de origen haitiano los derechos de la nacionalidad de otro país.

“Ha aumentado en los últimos años la cantidad de solicitudes de declaraciones tardías de personas de ascendencia o nacionalidad extranjera que están aportando la cédula de un dominicano para ponerlos como padre en las declaraciones, intentando transferirles los derechos de nacionalidad”, dice Sabino.

Y así como ocurre en los pueblos fronterizos, también sucede en las zonas cañeras, donde se asentaron braceros haitianos que llegaron a la República Dominicana cuando el apogeo de la industria azucarera en el siglo pasado.

Entre los expedientes cuestionados está uno rechazado en abril pasado porque se determinó que se pretendía declarar de forma tardía, a una persona nacida en 1988 en San Pedro de Macorís, como hija de una dominicana cuando su madre es extranjera. La investigación determinó que quien figuraba como la “madre biológica” estaba haciendo “un favor” para declararla.

Un “favor” similar se comprobó que hacía otra mujer en una solicitud rechazada en mayo pasado para una persona nacida en 1999 en El Seibo.

Sabino destaca que se han cancelado oficiales del Estado civil y personal de hospitales por facilitar documentos alterados. “Hace unos años se canceló al oficial de Neiba a raíz de una investigación de temas sobre declaraciones tardías”, dice.

A su vez, se han encontrado haitianos que figuran en la base de datos de acogidos al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros –que comenzó en 2014– y también solicitaron una declaración tardía de nacimiento como dominicanos.

Un carnet del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros entregado a un haitiano residente en la República Dominicana. (Diario Libre/José Justo Feliz)

Entre dominicanos y parientes

En las zonas urbanas se considera que una declaración es tardía cuando se efectúa después de los 60 días de ocurrido el nacimiento. En las rurales el tiempo estipulado es después de los 90 días.

Y así como hay dominicanos que pretenden declarar a personas de origen extranjero, ocurre lo mismo para individuos de la misma nacionalidad.

Algunos casos están motivados por relaciones familiares en las que un pariente prevé declarar a una persona como su hijo para que pueda tener acceso a documentos oficiales y asegurarle un mejor desarrollo como ciudadano.

Para 2016 la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) estimó que el 5.1 % de la población dominicana carecía de un acta de nacimiento. La falta de este documento afecta, inclusive, hasta una tercera generación familiar.

“Vivimos declarando gente con 50 (años), con 60, y debajo de ellas están los hijos, están los nietos. Uno de los grandes problemas que hemos tenido para terminar de documentar a la población dominicana ha sido esa, que hemos encontrado cadenas muy grandes de indocumentados”, dice Sabino.

En abril del presente año la JCE rechazó la solicitud de una persona nacida en 1986 en Yamasá porque se determinó que la señora declarante indicaba que era la madre de la futura inscrita cuando en realidad era su abuela.

Fue un hijo biológico de la señora y la misma futura inscrita quienes declararon la verdad. El padre natural es hijo de la mujer y se desconocía el paradero de la verdadera madre.

Ese mismo abril se rechazó otra solicitud porque la futura inscrita no nació en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, como se alegaba en los documentos, y porque la que fungía como declarante era en realidad la tía del esposo de la persona que iba a inscribir como su hija. Al investigar el caso también se conoció que a la señora le habían solicitado su cédula prestada sin saber para qué fin.

Sabino recuerda que en ese hospital se canceló hace unos dos años al funcionario de estadísticas que emitía los certificados de Nacido Vivo por comprobarse que se estaba dedicando a emitir certificados falsos.

También cita que en Barahona se canceló a otro funcionario de la dirección de estadísticas del hospital y a un empleado de la JCE porque tenían una alianza y falseaban documentos, no solo para declaraciones tardías, sino para hacer certificados de Nacido Vivo para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

En marzo del presente año fueron condenados a cinco, cuatro y un año de prisión, tres de cinco personas a las que se les seguía un juicio de fondo por estar acusados de formar parte de una red criminal, conformada en su mayoría por empleados de la JCE, que falsificaba actas de nacimiento, entre otros documentos, cobrando por ello altas sumas de dinero.

Entre las pruebas en las que se basó el Ministerio Público estuvo la inscripción de 31 declaraciones de nacimiento con datos falsos y un sello gomígrafo distinto al original en un Libro de Registro de Nacimiento Tardío, del año 2003, de la oficialía de Sabana Yegua. A este se le desprendió de sus páginas la parte que indicaba la clausura legal del folio para incluir las inscripciones irregulares con una imitación de la firma del oficial del Estado Civil. Por el mismo caso se condenaron cuatro personas a cinco años de prisión.

El 13 de mayo de 2018 el Departamento de Persecución de Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes de la Fiscalía del Distrito Nacional sometió a la justicia a cuatro dominicanos involucrados en un caso que comprendió la sustracción y posterior falsificación de una constancia de Nacido Vivo emitida en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia.

El fin fue realizar la declaración de nacimiento de una recién nacida que ya había sido declarada por su madre natural. A cambio del trámite, la interesada e imputada pagó un adelanto de RD$10,000 (US$201) a intermediarios, que eran la mitad de lo acordado.

En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público detalló que la madre natural le había prestado antes su bebé a la imputada para que la hiciera pasar como suya a fin de sostener ante su pareja la mentira de que dio a luz producto de un falso embarazo.

“La Junta recibe documentos que emiten otras dependencias, por ejemplo, no hay forma de procesar una solicitud de declaración tardía o una solicitud de declaración, independientemente de que sea oportuna, si no hay un certificado de Nacido Vivo”, dice Sabino.

Letreros instalados en hospitales dominicanos incentivando en español y creol a la declaración de los recién nacidos. (Diario Libre/Marvin del Cid)

Una declaración tardía de nacimiento debe ser ratificada por sentencia del tribunal competente. “A algunos se les engaña”, reconoce Sabino. Al validar las actas se encuentran irregularidades hasta de declaraciones que están asentadas en los libros.

Con el fin de motivar las declaraciones oportunas, en los hospitales públicos hay letreros en español y creol instando a declarar a un recién nacido antes de salir del centro.

“Apuesto a que en algún momento en este país el registro oportuno sea universal porque es mucho más difícil provocar una situación irregular en un registro oportuno de nacimiento que provocar una situación irregular en un registro tardío porque en el registro oportuno tienes a todos los actores en el momento”, concluye Sabino.

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Este reportaje fue realizado por Tania Molina y Mariela Mejía para Diario Libre en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

 

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