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SANDINO BISONO

CONADECO denuncia estafa millonaria a la que están sometidos los usuarios de los servicios de seguros de vehículos

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El Consejo Nacional de Defensa al Consumidor (CONADECO), denuncian ante país la gran estafa que por millones de pesos están cometiendo las compañías aseguradoras contra los usuarios de los servicios de seguro automovilístico.

La entidad de defensa de los derechos de los consumidores dijo que once compañías de seguros, se han asociado  a una entidad llamada la Casa de Asistencia al Automovilista, donde no solo cobran servicios que no prestan, sino que violan las leyes del país en cuanto a a la competencia desleal, la Ley  antimonopolios No. 42-08 y a la Ley 358-05 de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, el Derecho a elegir de los consumidores y la imposición de la prestación de servicios en forma abusiva.

Sandino Bisono, presidente de CONADECO, dijo que cuenta con cientos de quejas de usuarios que pagaron por el servicio de la Casa del Conductor y que las compañías aseguradoras no reportan nada.

Miles de asegurados fueron desafilados de la Casa del Conductor sin su consentimiento, sin siquiera ser informados. Sostuvo Bisono.

Todo esto ocurre ante los ojos de la Superintendencia de Seguros que se ha lavado las manos y a pesar de las denuncias planteadas por los usuarios no fija posición pública, si no que se limita a decir que espera el fallo de un amparo en el Tribunal Superior Contencioso.

El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, no ha querido intervenir en el asunto que es responsabilidad de su función, haciéndose parcial de las violaciones a los derechos de estos que está cometiendo la CAA en su contra con el tratamiento que le corresponde por Ley y además el cobro en la póliza de seguros de una cuota mayor a la que pagan a la empresa de arbitraje autorizada por el estado a través de la Dirección General de Prisiones y por ende de la Procuraduría General de la República para el cuidado, la seguridad, el traslado, la estadía y todos los derechos por los que pagan los asegurados para un tratamiento humanitario a los conductores que se ven obligados por ley a la detención y conducción a un tribunal competente y a tratamiento médico por lesiones.

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